De acuerdo a trascendidos periodísticos, la ANSES esta diseñando el "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado" que reconocería a las tareas de cuidado y crianza como un trabajo y sumaría años de servicios con aportes por cantidad de hijos y licencias por maternidad de la persona gestante.
El Programa reconocería, a los fines jubilatorios:
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1 año de servicio por hijo o hija para mujeres y personas gestantes con hijos o hijas nacidas vivas o adoptadas siendo menores de edad.
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2 años adicionales de servicios por hijo o hija a las mujeres que hayan sido titulares de una Asignación Universal por Hijo, habiendo el niño o niña percibido este derecho por lo menos durante doce meses.
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1 año de servicio por hijo o hija a las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia.
Podemos señalar que esta iniciativa estaría dando una primera solución previsional a una problemática sobre la que se asienta la desigualdad de género: el Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado.
A propósito del proyecto, nos proponemos hacer una breve revisión de las tareas de cuidado y su cobertura.
Según una publicación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de covid-19. hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación”1, los cuidados son “las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a los miembros de la familia. Hace, por lo tanto, referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en salud, el cuidado de los hogares, el cuidado a las personas dependientes y a las personas que cuidan o el autocuidado. En la actualidad y a nivel mundial, la mayoría de las contribuciones al cuidado son realizadas desde el ámbito doméstico, de manera no remunerada y por las mujeres. Por eso, tradicionalmente, no han sido visibles para la economía ni para el desarrollo. El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye casi la mitad del tiempo total de trabajo, resultando fundamental para mantener las condiciones de sostenibilidad del sistema en su conjunto, ya que todas las personas, en todos los momentos del ciclo vital necesitan cuidados. Sin los cuidados, el resto de las actividades no pueden funcionar”.
Al referirse a tiempo total de trabajo se refiere a la suma del tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado. El trabajo remunerado se refiere al trabajo que se realiza para la producción de bienes o prestación de servicios para el mercado y se calcula como la suma del tiempo dedicado al empleo, a la búsqueda de empleo y al traslado al trabajo. El trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros hogares2.
“Sin embargo, el rol de cuidadoras “naturales” que las sociedades asignan casi en exclusividad a mujeres y niñas, genera una sobrecarga de trabajo. Esto limita sus oportunidades y elecciones, socavando sus derechos y convirtiéndose en un obstáculo fundamental para la igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Por ello, se habla de la necesidad de Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados no remunerado asumido por las mujeres para permitir que la responsabilidad sobre este trabajo fundamental sea valorada y asumida entre el Estado, el sector privado, la comunidad, los hogares y entre hombres y mujeres”.
Los cuidados han sido definidos por los gobiernos de la región en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, como “un derecho de las personas, destacando la función social clave que los cuidados tienen para la producción y reproducción de la vida y el bienestar de las sociedades”.
Se destaca que en la en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en enero de 2020 en Santiago de Chile, a través del Compromiso de Santiago se estableció la necesidad de “implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado3”(párrafo 24).
En América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un quinto de la población trabaja en sectores vinculados al cuidado -en sentido amplio- de forma remunerada. El sector constituye más de un tercio del empleo femenino4. Además, este trabajo muchas veces se realiza en condiciones laborales precarias, en situaciones de violencia o acoso y/o con penalizaciones en la remuneración que profundizan las brechas salariales.
La segmentación que caracteriza al mercado laboral concentra a una proporción importante de mujeres en los sectores con mayor riesgo de pérdida de empleo o reducciones salariales. Por ello el informe de CEPAL sostiene que “la sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo informal y en los sectores de menores ingresos las dejan más expuestas a las condiciones adversas de la crisis y refuerzan los vínculos perversos de la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo.”
Según este informe varios países de la región abordaron el tratamiento de las tareas de cuidado a nivel nacional y local:
A NIVEL NACIONAL:
Uruguay: El Sistema Nacional Integrado de Cuidados nace en 2015 con el objetivo de generar un modelo corresponsable de cuidados entre familias, Estado, comunidad y mercado. Su concepción se sustenta en: el cuidado como derecho universal; la igualdad de género como principio transversal; niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia; y las personas que cuidan de forma remunerada y no remunerada como poblaciones objetivo. Fue creado por ley y estableció una gobernanza que articula diez instituciones públicas en una Junta Nacional de Cuidados e institucionaliza la participación social en un Comité Consultivo de Cuidados. Sus acciones se estructuran en Planes quinquenales que articulan los componentes de servicios, formación, regulación, generación de información y conocimiento y comunicación.
Costa Rica: Desde 2010 se cuenta con la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil con el objetivo de establecer un sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articula diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios de cuidados para niñas y niños de 0 a 6 años. El programa busca además promover la corresponsabilidad social y articula diferentes actores, alternativas y servicios de cuidado y desarrollo infantil. Actualmente se trabaja hacia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que articule tres grupos poblacionales (niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad).
Colombia: Se creó la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado que trabaja en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados (SINACU). Desde el año 2010 se vienen desarrollando encuestas de uso del tiempo a partir de la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con la finalidad de medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país y como herramienta para la definición e implementación de políticas públicas.
México: Se busca posicionar el tema de los cuidados en la agenda pública a partir del establecimiento de una Estrategia Nacional para el Cuidado que articule programas y acciones ya existentes desde un enfoque de derechos y con una mirada de corresponsabilidad. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) en México constituye una de las experiencias más sólidas en la región, sobre todo a partir de su contribución a las estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado (CSTNRHM), cuyo objetivo es dar a conocer la valoración económica del trabajo no remunerado que los miembros del hogar realizan en actividades productivas, permitiendo dimensionar de manera más precisa su aporte a la economía nacional.
Chile: Se implementa el programa Chile Cuida de atención a las personas en situación de dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y su red de apoyo. Es de destacar también el rol que ha cumplido el Programa Chile Crece Contigo en la región, siendo una iniciativa que promueve el involucramiento paterno en el mejoramiento de los resultados del desarrollo infantil. Paraguay: en 2016 se instaló un Grupo Interinstitucional Impulsor de la política de cuidados (GIPC). El GIPC está hoy constituido por once instituciones estatales y cuenta con una hoja de ruta inicial para lograr que el país diseñe, adopte e implemente una política nacional de cuidados.
República Dominicana: Desde 1998 el país contaba con una importante legislación con relación a los derechos de las personas mayores con la promulgación de la Ley de Protección de la Persona Envejeciente que entre otros aspectos consagra el derecho al libre y fácil acceso a los servicios públicos y privados. En la actualidad el gobierno trabaja en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidado Integral, como parte del diseño de un piso básico de protección social con enfoque de género apoyado por PNUD, OIT y ONU Mujeres
A NIVEL LOCAL:
Ciudad de México: Reconoce en su Constitución Política el derecho al cuidado y establece que “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. La Constitución de la Ciudad de México contempla que el sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.”
Ciudad de Buenos Aires: El proyecto de Ley sobre la creación del Sistema de Cuidados pretende formular, implementar, coordinar, fiscalizar y evaluar políticas públicas integrales con perspectiva de género, promoviendo el desarrollo de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. A través de este sistema se garantiza el derecho de las personas a recibir cuidados, cuidarse y a cuidar encondiciones de calidad e igualdad en todo el territorio, promoviendo una organización social del cuidado corresponsable entre familias, Estado, mercado y comunidad, así como entre hombres y mujeres.
Bogotá: En su Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 contempla la implementación de un Sistema Distrital de Cuidados que articule de manera eficiente la oferta institucional del Distrito, como un modelo corresponsable de cuidados entre el Distrito, la comunidad, las familias y el sector privado, con el fin de redistribuir los tiempos de cuidado al interior de los hogares, promoviendo la garantía de los derechos de las mujeres en el mercado laboral y en la familia, fomentando la creación de empleos productivos, estables y formales, y mejorando la oferta de recursos e infraestructura social para que se materialice el derecho de cada ciudadano y ciudadana a recibir cuidado. Para poner este compromiso en marcha, la ciudad empezó la formulación de la política distrital de cuidados, la articulación del sistema de cuidados y pondrá en marcha unidades móviles y también centros permanentes de cuidados en los próximos meses.
En la República Argentina, de acuerdo a un informe elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, en el mes de octubre 20205, la distribución del TDCNR es estructuralmente desigual: 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que significan en promedio 6,4 horas diarias.
Ellas dedican tres veces más tiempo que los varones.
Esta distribución asimétrica contribuye a explicar que su participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones.
También incide en que tengan trabajos más precarios, que implican a su vez una mayor desprotección social: no tener acceso a una obra social y, ante la falta de aportes al sistema previsional, tener una mayor dificultad para acceder a una jubilación.
Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, ganan menos y, en consecuencia, son más pobres.
Según el referido informe “Las tareas domésticas y de cuidado consideradas como un todo son la actividad que más aporta a la economía: los cuidados representan un 16% del PBI. Son tareas que en su mayoría realizan las mujeres de manera gratuita. Según nuestros cálculos, las mujeres argentinas le dedican más de 96 millones de horas diarias a estas tareas, sin ningún tipo de remuneración pero con un gran costo en términos de tiempo”, afirmó Mercedes D’Alessandro, quien conduce la citada Dirección.
El Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) representa un 15,9% del PIB y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13%).
En total, se calcula que se trata de un aporte de $4.001.047 millones de pesos, valor que resulta de monetizar la gran cantidad de tareas domésticas que se realizan en todos los hogares, todos los días.
Asimismo, al analizar el TDCNR por género, el estudio concluye que el 75,7% de las tareas son realizadas por mujeres, es decir, más de las tres cuartas partes y, de este modo, dedican diariamente 96 millones de horas de trabajo no remuneradas a las tareas del hogar y los cuidados.
El informe también analiza cómo esta situación se vio agravada con la pandemia: mientras muchos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidados, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8% del PIB y muestra un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición "sin pandemia”.
Concluimos entonces que existe una clara necesidad de reconocimiento del TDCNR para reducir las desigualdades. Cualquier medida que apunte a ello debe ser celebrada.
1 Elaborado por Julio Bango, consultor de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres con datos disponibles a 9 de Julio de 2020. Coordinación: Raquel Coello, Especialista Regional de Empoderamiento Económico ONU Mujeres y Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género de CEPAL. Equipo de Producción: Beatriz García y Denize Santana (ONU Mujeres) e Iliana Vaca Trigo (CEPAL). https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45916/190829_es.pdf
3 CEPAL - Compromiso de Santiago - Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe - https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/files/2000089_crm.14_compromiso_de_santiago.pdf
4 CEPAL (2019). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/ handle/11362/45032/4/S1900723_es.pdf
5 Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto. Dirección de Economía, Igualdad y Género, Ministerio de Economía de la Nación.
